UPyD tilda de despilfarro oportunista las medidas adoptadas por el Gobierno de Cantabria para reducir ciertas listas de espera.

UPyD Cantabria califica de despilfarro oportunista y alevoso la opción elegida por la Consejería de Sanidad de Cantabria para reducir la lista de espera de las pruebas diagnosticas de digestivo consecuencia, en gran parte, del éxito de un programa preventivo impulsado por el Ministerio de Sanidad para la detección del cáncer de colon y cuya gestión depende de los gobiernos autonómicos.

La campaña preventiva ha demostrado ser de una gran utilidad para la detección del cáncer en estadios tempranos, algo esencial para el eficaz tratamiento, y ha incrementado significativamente la prescripción del número de pruebas complejas (colonoscopias). La cuestión está en cómo enfrentarse a este incremento en el número de pruebas diagnósticas necesarias. El Gobierno de Cantabria ha optado, para nuestra sorpresa, por la externalización de cierto número de pruebas diagnósticas. “No entendemos las razones por la que se opta por esta externalización si Valdecilla y sus profesionales pueden hacerse cargo de estas pruebas” Afirma Román San Emeterio-Pedraja, Coordinador y portavoz de UPyD Cantabria.

En efecto, el Servicio Cántabro de Salud dispone de recursos técnicos y humanos suficientes para reducir la lista de espera producida por este programa preventivo de detección de cáncer de colon que, en principio y dado que a existe un tratamiento diferencial, debe separarse de la lista de espera habitual, como sucede en las CCAA donde este programa está implantado. Sin embargo, en lugar de organizar los recursos públicos de nuestro hospital de referencia, el pasado 12 de julio se publicaba en el BOE una Resolución de la Dirección de Gerencia del Servicio Cántabro de Salud para la contratación de las pruebas de diagnóstico de digestivo en los siguientes términos: 1.000 pruebas diagnósticas al año durante dos años por un valor de 1.700.000 €, es decir, un presupuesto de 850 € por prueba cuando en otras CCAA se realizan, cuando resulte necesario externalizarlas, por un tercio del valor licitado en Cantabria. “No entendemos la externalización y entendemos aún menos que se haga derrochando, gastando tres veces más de lo razonable”, afirma Román San Emeterio – Pedraja.

UPyD Cantabria está a favor de llevar este programa preventivo hasta sus últimas consecuencias, puesto que ha demostrado ser claramente un éxito que mejora la calidad de vida de los cántabros, pero rechaza que el Gobierno de Cantabria, que hace publicidad engañosa de su –supuesta- excelente gestión, despilfarre el dinero de todos y dé la espalda a la mejor opción para resolver esta necesidad. “Las razones que pueden hacer al gobierno pagar tres veces más de lo necesario externalizando algo que fácilmente podría asumir el propio Servicio Cántabro de Salud es algo que nos tendrán que explicar a todos los cántabros”, añade San Emeterio.

Las hipótesis verosímiles para explicar esta inaceptable decisión se alejan del interés general y se acercan a las prácticas partidistas comunes, en las que las razones políticas, el interés particular de un partido, y el de sus socios prima, sobre el sentido y la buena administración del dinero común. No entendemos que si la reducción de las listas de espera puede realizarse por medio de los recursos disponibles (en último caso realizando programas especiales con el mismo personal en horarios de tarde) se opte por esa nefasta “moda” (cada vez más usual por desgracia) de que “otros” se encarguen de solucionar el problema, sin reparar en el coste económico. “Si tenemos en cuenta que estas exploraciones de cribado deben ser realizadas por el personal y medios de mayor experiencia (que es en este caso el perteneciente al servicio público) y que ante cualquier duda en una prueba externa el paciente será de nuevo remitido al servicio público, nos parece de interés para todos que esta externalización no se produzca, pues no presenta ventaja alguna”. Concluye San Emeterio

Las medidas de financiación de ambas posibilidades deben estar basadas en la relación coste-beneficio (mejoras de los resultados en salud poblacional por euro gastado) y no en criterios políticos de conveniencia.

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